La consulta estuvo abierta del 15 al 28 de octubre de 2026. El proyecto crearía los mecanismos jurídicos para aplicar el marco CARF de la OCDE, introducir información sobre operaciones con activos virtuales de residentes fiscales australianos y actualizar el Common Reporting Standard relativo a cuentas financieras.

Para los usuarios, la novedad propuesta afecta a los datos que los proveedores enviarían a las autoridades fiscales. Cerrar la consulta no crea por sí solo una nueva obligación ni determina si una operación tributa. La administración tributaria australiana indica expresamente que la medida todavía no es ley.

Dos sistemas que funcionarían conjuntamente

CARF organiza información estandarizada que las administraciones pueden intercambiar internacionalmente. Bajo la propuesta australiana, los proveedores sujetos al régimen recopilarían los datos pertinentes y los remitirían al Commissioner of Taxation, facilitando intercambios con las jurisdicciones extranjeras participantes.

El Domestic Crypto Reporting Regime cubriría por separado determinados intercambios y transferencias de residentes fiscales australianos. La memoria explicativa vincula el ámbito de proveedores a los servicios de activos virtuales sujetos a registro en el marco australiano contra el blanqueo.

Incluye cambios entre cripto y dinero, entre activos virtuales, custodia, transferencias y ciertos servicios financieros relacionados con su oferta. Eso no significa que cualquier proveedor informaría de cada movimiento de cualquier monedero. El supuesto nacional requiere un intercambio o transferencia a través del servicio correspondiente para un usuario residente australiano durante el periodo.

Una empresa podría quedar sujeta a ambos sistemas. Sus objetivos se solapan, pero usuarios, operaciones y periodos deben examinarse conforme a cada conjunto de reglas. No son dos nombres para una única declaración idéntica.

Julio de 2027 es una fecha prevista

Los apartados 1.35 y 1.36 de la memoria explican una condición importante: la información nacional trimestral prevista desde el 1 de julio de 2027 requiere un instrumento del Commissioner que establezca ese periodo. Sin él, se aplicaría por defecto un ejercicio financiero que comience en esa fecha o después.

La memoria describe la presentación el trigésimo primer día posterior al cierre del periodo, salvo que el Commissioner disponga otra cosa. Es parte del diseño propuesto y no un plazo incondicional ya impuesto a las plataformas.

El calendario internacional es distinto. El Tesoro pretende recoger datos del año natural 2027 y recibir los primeros informes en 2028. La información publicada por la ATO también prevé el primer intercambio internacional CARF australiano en 2028.

La parte correspondiente del proyecto comenzaría a regir en el primer inicio de trimestre natural posterior a Royal Assent. Aprobación, entrada en vigor e inicio de un periodo concreto son hitos diferentes. Las fechas de consulta no sustituyen ninguno de ellos.

Qué datos podría recibir la ATO

El Tesoro espera identificadores de los proveedores y nombres, direcciones, números empresariales cuando procedan, datos bancarios y tipos de entidad de los usuarios. La memoria contempla además fechas y horas, nombres de activos, valores en dólares australianos e identificadores de transacción.

Los movimientos incluirían transferencias entre proveedores, entre usuarios y entre un usuario y un monedero externo. Informar de uno de esos movimientos no demostraría por sí solo un cambio de propietario o una venta imponible. La conclusión dependería de los hechos y de las reglas fiscales aplicables.

Son campos previstos y explicaciones del borrador, no un esquema técnico definitivo. Para los titulares de cuentas, mantener la identificación correcta y documentos que conecten transferencias propias podría facilitar futuras aclaraciones. Lo comunicado por una plataforma no reemplazaría sus obligaciones personales de conservar justificantes.

Quedaría detalle por concretar

El borrador legislativo establece una estructura en la que los reglamentos podrían designar un marco internacional de información cooperativa. Instrumentos ministeriales podrían concretar entidades, usuarios, operaciones, datos, fechas, diligencia debida y sanciones administrativas.

Por eso el proyecto marco no constituye un manual operativo terminado. Los proveedores necesitarían la legislación adoptada, las normas subordinadas y las especificaciones técnicas antes de considerar cerrada la implantación. La consulta también abarca cambios en el Common Reporting Standard existente, distinto del nuevo régimen nacional cripto.

Relación con DAC8 sin aplicar la misma ley

La Comisión Europea describe DAC8 como un sistema europeo de información fiscal cripto basado en CARF. Sus disposiciones correspondientes se aplican desde el 1 de enero de 2026, con procedimientos y plazos nacionales que deben comprobarse.

Australia comparte esa base internacional, pero su propuesta no aplica DAC8 a los clientes australianos. Ninguno de los marcos establece un tipo impositivo universal ni una calificación idéntica de las transferencias propias. Los siguientes pasos decisivos serán la tramitación legislativa australiana y los instrumentos que conviertan el diseño en requisitos concretos.